

Si supieras que una persona ha cometido un delito, ¿la defenderías igualmente?
Sucedió hace unos días, de copas entre amigos. Uno de ellos, tras enterarse de que soy abogada especializada en derecho penal, se acercó y, apartándome sutilmente del grupo en busca de privacidad, me dijo:
—Oye Sandra, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero por favor, no te ofendas.
—Sí, claro, dime —dije.
Con semblante serio me miró fijamente, y un golpe de intuición me hizo sonreír: “ya verás tú como viene la pregunta del millón”, pensé sin equivocarme.
—Si tú supieras que una persona es culpable, ¿la defenderías igualmente? —preguntó por fin.
Su expresión denotaba ese apuro de quien cree estar cruzando una línea roja, invadiendo sorpresivamente la zona oscura de quien, sin escrúpulos, defendería los casos más deleznables.
Mi respuesta no vaciló ni un segundo: “Sí, por supuesto que lo haría. Porque yo no defiendo delincuentes. Defiendo los derechos de mis clientes”.
-Pues vaya tela- contesto, negando con la cabeza como quien da un veredicto a un caso perdido. El resto de su alegato no lo entendí, entre que la música estaba muy alta y el alcohol empezaba a hacerle efecto.
Sé que en el imaginario colectivo el abogado penalista es ese personaje turbio que, si le llenan el bolsillo, vendería su alma al diablo. Pero nada más lejos de la realidad. No niego que existan compañeros que, lamentablemente, ejercen esta digna profesión como mercenarios del Derecho o sanguijuelas del drama ajeno, desprovistos de toda ética. Haberlos, haylos; igual que nos topamos con médicos o fontaneros de cuestionable honradez. La integridad no entiende de títulos, va con la persona. Siempre he sostenido que es imposible que una mala persona llegue a ser, jamás, un buen profesional.
Nuestra labor es asegurarnos que el Estado respete las reglas del juego. Sin garantías, estaríamos todos vendidos ante un poder cada vez más invasivo. Por eso, para mí, es un verdadero honor ejercer esta profesión: porque, como abogados, somos el último dique de contención contra la injusticia. Si la ley no es igual para todos —y ya sabemos que, a menudo, no lo es—, nuestra intervención es lo único que impide que el sistema nos aplaste.
Sin embargo, asombra la doble moral: es fácil pedir mano dura para el extraño, pero, si fuera un hijo el acusado, ese mismo “justiciero” exigiría una defensa impecable.
La noche me dio la razón cuando mi amigo anunció que se marchaba.
—No cojas el coche, que te has bebido tres gin-tonics y no debes conducir —le advertí—.
—Venga, Sandra —soltó con un guiño—, si me para la policía, te llamo y me sacas del calabozo.
Lo miré fijamente, dejando que el peso de la coherencia se impusiera sobre el ruido del local:
—Mira, si yo aplicara tu propia vara de medir, tendría que abandonarte a tu suerte. Sé que has bebido; sé que ponerte al volante en este estado no es solo una imprudencia, sino un delito contra la seguridad vial. Si atropellaras a alguien y provocaras una tragedia, el mundo te señalaría como a un monstruo. ¿Pensarías entonces que soy una abogada sin escrúpulos por sentarme a tu lado en el banquillo?
Por supuesto que asumiría tu defensa y defendería tus derechos. Pero no porque sea una inmoral que defienda delincuentes, sino para blindar tu condición de ciudadano frente a la maquinaria punitiva del Estado. Velaría por tu presunción de inocencia y por la integridad de un proceso que debe ser escrupuloso con las garantías que nuestro ordenamiento jurídico, democráticamente, se ha dado a sí mismo.
Pero, hazme un favor: pide un taxi y no me hagas trabajar esta noche.
Sandra Márquez – Abogada